La polarización política en Venezuela ha convertido a la prensa en blanco de todo tipo de ataques, incluso físicos, denunció hoy la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en la 68 Asamblea General del organismo que se celebra en Sao Paulo.
“Lo que se vive en el país a consecuencia de la alta polarización política es atentatorio para el libre ejercicio periodístico. La intolerancia llega a niveles extremos; las acusaciones, agresiones y los hechos lo demuestran”, señala el informe preliminar presentado por el propietario y editor del diario El Regional del Zulia, Gilberto Urdaneta.
Según el documento, “la intransigencia ha llegado a tal punto que semanalmente se emiten señalamientos referidos a maltratos, atentados, detenciones, vejaciones, insultos, despojo de equipos y violaciones a los derechos fundamentales”.
Urdaneta leyó una larga lista de agresiones contra periodistas en los últimos meses, entre ellas atentados con armas de fuego o granadas contra sedes de medios de comunicación en diferentes partes del país, muchos de ellos al calor de la campaña para las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de octubre.
El informe recoge una denuncia presentada en mayo pasado por la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegret, quien registró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 213 violaciones a la libertad de expresión.
También destaca que, según Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, cada semana se reporta un promedio de 4,3 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el país.
El documento señala además las restricciones que existen para el acceso de la prensa a informaciones públicas, especialmente en casos que tienen que ver con denuncias de corrupción o “sobre la inseguridad que mantiene en zozobra al pueblo venezolano.
Según el texto, desde hace años las cifras oficiales de homicidios, robos, violaciones, hurtos, secuestros, es nula o no existe”.
En el informe se recuerda la “persecución judicial” a periodistas y dueños de medios independientes obligándolos al exilio, entre ellos Rafael Poleo, editor del diario El Nuevo País y la Revista Zeta, su hija Patricia Poleo y el presidente del canal privado Globovisión, Guillermo Zuloaga.
De la misma forma llama la atención sobre una millonaria multa impuesta por las autoridades a Globovisión, que el canal se vio obligado a cancelar por presiones judiciales.
La SIP también recoge una denuncia sobre el uso por parte del presidente Hugo Chávez de cadenas nacionales de radio y televisión durante la pasada campaña electoral.
El informe, que será aprobado el próximo martes, agrega que, según el vocero del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, Chávez hizo 27 cadenas en su campaña, con lo cual ocupó durante más de 43 horas los medios nacionales, lo que significa que cuadruplicó el uso de ese mecanismo en comparación con su campaña para las elecciones de 2006. EFE
“Lo que se vive en el país a consecuencia de la alta polarización política es atentatorio para el libre ejercicio periodístico. La intolerancia llega a niveles extremos; las acusaciones, agresiones y los hechos lo demuestran”, señala el informe preliminar presentado por el propietario y editor del diario El Regional del Zulia, Gilberto Urdaneta.
Según el documento, “la intransigencia ha llegado a tal punto que semanalmente se emiten señalamientos referidos a maltratos, atentados, detenciones, vejaciones, insultos, despojo de equipos y violaciones a los derechos fundamentales”.
Urdaneta leyó una larga lista de agresiones contra periodistas en los últimos meses, entre ellas atentados con armas de fuego o granadas contra sedes de medios de comunicación en diferentes partes del país, muchos de ellos al calor de la campaña para las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de octubre.
El informe recoge una denuncia presentada en mayo pasado por la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegret, quien registró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 213 violaciones a la libertad de expresión.
También destaca que, según Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, cada semana se reporta un promedio de 4,3 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el país.
El documento señala además las restricciones que existen para el acceso de la prensa a informaciones públicas, especialmente en casos que tienen que ver con denuncias de corrupción o “sobre la inseguridad que mantiene en zozobra al pueblo venezolano.
Según el texto, desde hace años las cifras oficiales de homicidios, robos, violaciones, hurtos, secuestros, es nula o no existe”.
En el informe se recuerda la “persecución judicial” a periodistas y dueños de medios independientes obligándolos al exilio, entre ellos Rafael Poleo, editor del diario El Nuevo País y la Revista Zeta, su hija Patricia Poleo y el presidente del canal privado Globovisión, Guillermo Zuloaga.
De la misma forma llama la atención sobre una millonaria multa impuesta por las autoridades a Globovisión, que el canal se vio obligado a cancelar por presiones judiciales.
La SIP también recoge una denuncia sobre el uso por parte del presidente Hugo Chávez de cadenas nacionales de radio y televisión durante la pasada campaña electoral.
El informe, que será aprobado el próximo martes, agrega que, según el vocero del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, Chávez hizo 27 cadenas en su campaña, con lo cual ocupó durante más de 43 horas los medios nacionales, lo que significa que cuadruplicó el uso de ese mecanismo en comparación con su campaña para las elecciones de 2006. EFE
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