Después de catorce años de Hugo Chávez en la Presidencia de la República y próximos al inicio en enero de 2013 de un nuevo sexenio de gobierno (20132019), los venezolanos debemos preguntarnos, independientemente de nuestras inclinaciones políticas e ideológicas, qué destino nos espera y cuáles pueden ser sus consecuencias en términos del bienestar colectivo si el país continua por el camino que ha venido transitando. Ello obliga a realizar un balance acerca del desempeño de la economía bajo la conducción del presidente Chávez y de la ejecución de su proyecto político autodenominado Revolución Bolivariana devenida a partir del año 2006 en Socialismo del Siglo XXI y de las consecuencias previsibles del nuevo giro de dicho proyecto, hacia el Estado Comunal, tal como fue prometido en la última campaña electoral.
Un aspecto fundamental del régimen desde sus inicios ha sido la exacerbación del presidencialismo y el personalismo, con amplia concentración de poderes en manos del Jefe del Ejecutivo, quedando la división de poderes como un recurso de carácter simbólico mientras que se observa la recentralización territorial del poder. De igual manera, la noción de sociedad civil como espacio de organizaciones de diversa índole ha sido reemplazada en el plano discursivo por el poder popular, con una apelación al pueblo como fuente de la soberanía nacional, pero que en la práctica resulta en una relación ideológico-clientelar con la instancia de máximo poder.
Hay una realidad constatable y es que pese a la bonanza petrolera más prolongada en toda la historia de Venezuela, el país exhibe uno de los peores desempeños económicos e institucionales en América Latina y el mundo. En efecto, la economía venezolana, no obstante haber sido la más beneficiada en América Latina por los altos precios de las materias prima y más específicamente de los hidrocarburos, mantiene la tasa más baja de crecimiento promedio por habitante entre 1999 y 2012, al tiempo que registró la tasa de inflación más alta del continente y una de las primeras en el mundo, cuadruplicando en algunos casos el alza de precios de algunas economías de la región como Perú, Chile y Colombia. Venezuela tiene un elevado riesgo país y como consecuencia de ello paga tasas de interés muy elevadas en la colocación de deuda pública externa, incluso superior a la de países que confrontan graves crisis como Grecia y España. Similarmente, el nivel de endeudamiento se ha sextuplicado debido a un déficit fiscal persistente.
LA DEPENDENCIA Asimismo, la economía venezolana exacerbó su dependencia del petróleo y a diferencia de muchos países en la región que aprovecharon el boom de precios de las materias primas para atraer inversiones extranjeras y avanzar en la diversificación de sus economías, el gobierno propició un proceso de desindustrialización y de retroceso en la producción agrícola, lo cual ha ocasionando una caída de las exportaciones distintas al petróleo y un incremento desmedido de las importaciones. Se destruyeron empleos productivos privados y se expandió el empleo público, descendió la productividad total de la economía lo cual conjuntamente con la alta tasa de inflación provocó un deterioro del salario real, afectando negativamente el bienestar de la población trabajadora.
La conclusión de esta interpretación política de la realidad socioeconómica es que el problema de nuestro país es, por una parte, de redistribución de la renta petrolera hacia los pobres y no de creación de nuevas fuentes de riqueza y de oportunidades de acceso a la misma; y por la otra, la sustitución del modelo político-económico de un Estado con una democracia representativa y una economía basada en la propiedad privada, por un nuevo modelo fundamentado en un Estado y una economía socialista.
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Un aspecto fundamental del régimen desde sus inicios ha sido la exacerbación del presidencialismo y el personalismo, con amplia concentración de poderes en manos del Jefe del Ejecutivo, quedando la división de poderes como un recurso de carácter simbólico mientras que se observa la recentralización territorial del poder. De igual manera, la noción de sociedad civil como espacio de organizaciones de diversa índole ha sido reemplazada en el plano discursivo por el poder popular, con una apelación al pueblo como fuente de la soberanía nacional, pero que en la práctica resulta en una relación ideológico-clientelar con la instancia de máximo poder.
Hay una realidad constatable y es que pese a la bonanza petrolera más prolongada en toda la historia de Venezuela, el país exhibe uno de los peores desempeños económicos e institucionales en América Latina y el mundo. En efecto, la economía venezolana, no obstante haber sido la más beneficiada en América Latina por los altos precios de las materias prima y más específicamente de los hidrocarburos, mantiene la tasa más baja de crecimiento promedio por habitante entre 1999 y 2012, al tiempo que registró la tasa de inflación más alta del continente y una de las primeras en el mundo, cuadruplicando en algunos casos el alza de precios de algunas economías de la región como Perú, Chile y Colombia. Venezuela tiene un elevado riesgo país y como consecuencia de ello paga tasas de interés muy elevadas en la colocación de deuda pública externa, incluso superior a la de países que confrontan graves crisis como Grecia y España. Similarmente, el nivel de endeudamiento se ha sextuplicado debido a un déficit fiscal persistente.
LA DEPENDENCIA Asimismo, la economía venezolana exacerbó su dependencia del petróleo y a diferencia de muchos países en la región que aprovecharon el boom de precios de las materias primas para atraer inversiones extranjeras y avanzar en la diversificación de sus economías, el gobierno propició un proceso de desindustrialización y de retroceso en la producción agrícola, lo cual ha ocasionando una caída de las exportaciones distintas al petróleo y un incremento desmedido de las importaciones. Se destruyeron empleos productivos privados y se expandió el empleo público, descendió la productividad total de la economía lo cual conjuntamente con la alta tasa de inflación provocó un deterioro del salario real, afectando negativamente el bienestar de la población trabajadora.
La conclusión de esta interpretación política de la realidad socioeconómica es que el problema de nuestro país es, por una parte, de redistribución de la renta petrolera hacia los pobres y no de creación de nuevas fuentes de riqueza y de oportunidades de acceso a la misma; y por la otra, la sustitución del modelo político-económico de un Estado con una democracia representativa y una economía basada en la propiedad privada, por un nuevo modelo fundamentado en un Estado y una economía socialista.
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